miércoles, 18 de abril de 2012

Interior concede el tercer grado a otro de los presos etarras de Nanclares.

J. Arias Borque 2012-04-06

Un nuevo etarra de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) cuenta con el tercer grado desde este viernes. Y es que Instituciones Penitenciarias ha concedido este régimen de libertad condicional a José Antonio Díaz Urrutia, quien fue condenado por colaboración con banda armada dentro del macroproceso contra KAS-EKIN-XAKI (sumario 18/98), algunas de las estructuras internas de la banda terrorista ETA.

Fue condenado inicialmente, en 2007, a once años de prisión por la Audiencia Nacional, aunque su pena fue posteriormente rebajada por el Tribunal Supremo hasta los seis años y nueve meses.

Exactamente, su implicación con la banda terrorista era la de, aprovechando su puesto de trabajo en la entidad financiera Caja Laboral, facilitar algunas operaciones financieras de EKIN, la estructura de ETA destinada a colocar los comisarios políticos de ETA dentro de las agrupaciones y asociaciones políticas y sociales afines a la banda, además de haber servido de contacto con dos etarras en Cuba.

Díaz Urrutia llegó a la cárcel alavesa en mayo de 2011, procedente de la prisión asturiana de Villabona, y desde entonces se encontraba en un régimen flexible del segundo grado penitenciario.

Según los datos facilitados por el ministerio del Interior, cumple todos los requisitos que marca la ley para poder acceder al tercer grado, entre ellos, haber pedido perdón por escrito a las víctimas del terrorismo y la asunción de las indemnizaciones por responsabilidad civil por su actividad terrorista, aunque en su caso no existían.

Éste es el segundo condenado por terrorismo que accede al tercer grado penitenciario desde que Jorge Fernández Díaz se hizo cargo de la cartera de Interior. El caso anterior fue el pasado 10 de febrero, cuando quien accedió fue el terrorista José Manuel Fernández Pérez de Nanclares.

En el caso de este etarra, se encontraba en prisión desde 1992 y había sido condenado a 41 años de cárcel por colaborar con el grupo Vizcaya de ETA. Exactamente, por los delitos de colaboración con banda armada, construcción de zulos –se encontró uno en su chalet de Barrica (Vizcaya)– y cómplice de los delitos de tenencia de explosivos, depósito de armas, atentado –facilitó la información y dio cobijo en su casa al etarra que asesinó al guardia civil José San Martín– y sustitución de placas de matrícula.

Además de la excarcelación de José Antonio Díaz Urrutia, el ministerio del Interior ha llevado a cabo otro movimiento penitenciario este Viernes Santo. Se trata del etarra Ekaitz Samaniego, quien ha sido trasladado desde la nueva cárcel de Zaballa (Álava), que sustituyó hace unos meses a la vieja de Nanclares de Oca, hasta el centro penitenciario de Topas (Salamanca).

Samaniego fue condenado por el Tribunal Supremo a una pena de ocho años de cárcel por un delito de terrorismo callejero. Exactamente, atacó con cócteles molotov una de las paradas del tranvía de Vitoria en 2009.

Detenido en enero de este año tras permanecer casi tres en búsqueda y captura, se encontraba desde entonces pendiente de calificación penitenciaria. Ahora se le ingresará en segundo grado en la prisión salmantina.

miércoles, 4 de abril de 2012

PP de Ponferrada: "Corrupción a tope".

El gobierno del PP en Ponferrada cedió de forma irregular parcelas para 2.000 pisos a José Luis Ulibarri, imputado del 'caso Gürtel'. El pago fue el 20% del precio de mercado.

La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de los medios de comunicación.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El manos-largas de Ponferrada.

lunes, 2 de abril de 2012

La Comunidad Valenciana es la autonomía peor calificada en desarrollo de servicios sociales.

La Comunidad Valenciana es la autonomía con peor índice de desarrollo de sus servicios sociales, con una nota de 0,80 sobre diez puntos, y la segunda -solo superada por Baleares- que menos dinero destina por habitante al año para esas prestaciones, con 129 euros. Esta es una de las conclusiones de una evaluación realizada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, según la cual los servicios sociales tienen un nivel de desarrollo débil, existe una disparidad de esfuerzos y coberturas entre las regiones -desde 773 euros de gasto por habitante y año a 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones. El estudio concluye que la Comunidad Valenciana "se encuentra en el lugar más atrasado en materia de servicios sociales de toda España, que es como decir en el lugar más atrasado de Europa" en "prácticamente todos los indicadores de cobertura", lo que deja en situación de "desventaja" a sus ciudadanos.